En Colombia existe un conflicto social, político y armado desde hace más de 40 años, cuyo indicador más significativo es el creciente número de personas desplazadas y refugiadas, así como las evidencias de asesinatos de centenares de jóvenes en casos clasificados como ejecuciones extrajudiciales.

Frente a esta situación, el gobierno actual propone la política de Seguridad Democrática; una respuesta militar y represiva al conflicto real que vive el país que supone una manera de acabar no sólo con la insurgencia, ahora reducida a un problema de terrorismo, delincuencia o narcotráfico, sino con cualquier resistencia u oposición frente al discurso hegemónico de la élite política y económica del país, Se niega la existencia de un conflicto social, político y armado agotándose la posibilidad de una solución negociada, así como de su regulación, del mismo modo que se niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

Desde la Plataforma Justicia por Colombia apostamos por el diálogo, por un proceso político de negociaciones como solución al conflicto y a la consecución de la paz desde la justicia social.