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"Sanción al gobierno colombiano en la 98 Conferencia de la OIT"
En la 98 Conferencia de la OIT las centrales sindicales pedirán sanción contra el gobierno colombiano. Violencia antisindical y exclusión para el ejercicio de derechos laborales y libertades sindicales, principales razones.
Desde este miércoles 3 de junio, y hasta el día 19 de este mismo mes, se realizará en Ginebra, Suiza, la 98 Conferencia de la OIT, a la cual las centrales sindicales colombianas (CUT, CGT y CTC) llevarán conjuntamente un informe de 55 páginas en el que hacen una completa descripción del actual y oscuro panorama laboral y sindical en Colombia, al tiempo que solicitan que nuestro país sea incluido como uno de los 25 países del mundo donde más se vulneran los derechos laborales y humanos.
En consecuencia, los dirigentes del sindicalismo pedirán que Colombia se mantenga en la lista de casos a tratar en la Comisión de Aplicación de Normas, con el fin de que se le haga un debate sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT.
La delegación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, la mayor central sindical, fue la primera en madrugarle a la cita en Ginebra. Desde el fin de semana pasado se encuentran en esta ciudad cuatro de sus directivos, encabezados por su presidente, Tarsicio Mora, quien en una declaración de prensa previa manifestó que "Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para ejercer el derecho de asociación sindical, pues en lo corrido del 2009 ya son 18 los activistas y dirigentes sindicales asesinados. Además hay una marcada cultura antisindical, violación de los derechos humanos, del derecho de asociación y negociación colectiva".
A continuación presentamos una lista de los ítems que en materia de violencia antisindical y desconocimiento de derechos laborales y libertades sindicales en Colombia, presentarán las tres centrales colombianas en la 98 Conferencia de la OIT:
Exclusión del espacio político democrático. En los casi 100 años de existencia del sindicalismo colombiano, no ha sido posible que la sociedad y el Estado lo incluyan como parte del sistema político democrático. Es identificado como enemigo del Estado y de las empresas, lo que ha alimentado una arraigada cultura antisindical, la cual se ha profundizado y agravado en el actual gobierno. En los últimos 7 años se ha implementado un modelo económico y político contra las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y no se ha ahorrado declaraciones hostiles en su contra, vinculándolas con grupos armados, o justificando la violencia antisindical como un fenómeno entre los actores armados del conflicto, señalando de paso que el sindicalismo es parte de alguno de ellos.
Los conflictos laborales se tratan como asunto de orden público. Ejemplo de ello fue lo que ocurrió el año pasado con el paro de la rama judicial (resuelto mediante un Decreto de conmoción interior, o sea como asunto de orden público, que la Corte Constitucional declaró después inexequible); y el paro de los corteros de caña del Valle del Cauca, sobre el cual el presidente Uribe afirmó que fue obligado por las FARC, e intento criminalizar la solidaridad nacional e internacional que recibieron los corteros.
Los organismos de seguridad actúan ilegalmente contra el sindicalismo. Tres hechos, entre muchos otros, lo demuestran. Uno: la CUT, la CTC y otras organizaciones fueron ilegalmente interceptadas en sus comunicaciones por parte del DAS, y se comprobó que el mismo DAS entregó a organizaciones paramilitares una lista con más de 20 sindicalistas para asesinarlos, hecho por el cual su ex-director, Jorge Noguera, espera juicio. Dos: entre 1986 y 2008 se registraron 41 casos de ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas, presuntamente por la fuerza pública, 21 de ellos entre 2002 y 2008. Tres: no pocas autoridades públicas nacionales, departamentales y municipales han actuado conjuntamente con grupos paramilitares para asesinar dirigentes sindicales y eliminar organizaciones de trabajadores, como por ejemplo el Sindicato de trabajadores oficiales de los municipios de Antioquia, la Asociación nacional de trabajadores de los hospitales y clínicas, y FECODE, que son casos graves.
Crece de nuevo violencia contra sindicalistas. Cada año más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos. La tasa de sindicalistas asesinados en Colombia es cinco veces mayor a la del resto de países del mundo incluidos aquellos donde regimenes dictatoriales proscriben el sindicalismo. En los últimos 23 años 10.097 hechos de violencia, entre los que se cuentan 2.709 sindicalistas asesinados, uno cada tres días. Y de estos hechos violentos el 35% se cometieron durante el actual gobierno, lo mismo que 498 de los asesinatos. Si bien es cierto que entre los años 2003 y 2007 hubo una reducción del 60% de los homicidios, en los últimos años el índice ha vuelto a aumentar: en 2008 hubo 49 homicidios, 10 más que el 2007, es decir aumentó un 25.6%. Y en lo que va de 2009 han asesinado 17 sindicalistas. Es tal el clima de inseguridad que rodea al sindicalismo, que hoy más de 1.500 de sus dirigentes cuentan con esquemas de protección. Todas estas cifras contradicen el argumento del Gobierno ante la comunidad internacional, de que la violencia antisindical es un problema superado y está bajo el control del Estado.
Persistente la impunidad. Las preocupaciones se mantienen tanto por el débil trabajo de investigación penal como por el de juzgamiento. De los 2.709 homicidios ocurridos, la Fiscalía solo está realizando investigaciones en 1.119 casos, más de la mitad de ellos en etapa preliminar. Hay entonces 1.590 casos (el 58,7%) en total impunidad, y sin posibilidad de resolverse adecuadamente. Además, las sentencias proferidas en su mayoría no permiten esclarecer la verdad: han sancionado a los autores materiales y no a los intelectuales. Las investigaciones se realizan caso a caso, sin una estrategia integral. Lo mismo ocurre con otras violaciones a los derechos humanos, como en los casos de atentados, donde sólo se han producido 7 sentencias con 3 víctimas (impunidad del 98,7%), en casos de amenazas, secuestros y desplazamientos forzados, donde la impunidad es del 99,9%, 93,7% y 99,7%. En casos de desapariciones forzadas, torturas y allanamientos judiciales la impunidad es del 100%.
Los escenarios de diálogo social no tienen agenda. La Constitución de 1991 creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con la idea de construir relaciones laborales democráticas. Sin embargo, aunque esta comisión se reúne no muestra resultados, por falta de voluntad política del Gobierno y los empresarios. Se han negado, por ejemplo, a concertar un salario mínimo que mantenga el poder adquisitivo de los más pobres; a discutir con las centrales sindicales la agenda y un método de trabajo en el marco de la Misión de la OIT que visitó el país en 2007; ni tienen en cuenta las propuestas del sindicalismo para la reactivación económica, generación de empleo y protección de los desempleados. Asimismo, el Gobierno no sometió a discusión y concertación la ley sobre huelgas, la ley de regulación de cooperativas de trabajo asociado y el decreto sobre negociación colectiva de empleados públicos; ni temas tan cruciales para el empleo y la vida de los colombianos como los TLC.
Una legislación laboral contraria al Trabajo Decente. Éste y los anteriores gobiernos se han opuesto a la discusión y adopción de un Estatuto del Trabajo, ni han adecuado el Código Laboral al artículo 53 de la Constitución de 1991 y a los Convenios Internacionales del Trabajo. Por el contrario, las reformas realizadas han disminuido considerablemente los derechos laborales. Es el caso de la Ley 789 de 2002, que afectó los ingresos de los trabajadores por la ampliación de la jornada diurna y la reducción del recargo dominical y festivo, las jornadas flexibles, el cambió la naturaleza del contrato de aprendizaje quitándole su índole laboral, etc.
Por otra parte, la legislación laboral cubre menos del 30% de las y los trabajadores, porque gobierno y empresarios se han ideado modelos de contratación sin derechos laborales y sin organizaciones sindicales, que ocultan la relación laboral. Es el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado, una figura que durante este Gobierno ha proliferado al punto de constituirse prácticamente en un nuevo modelo de relaciones laborales, deteriorando la calidad del empleo. Según Confeccop, en 2002 había registradas 1.110 cooperativas, y en 3.903, más del triple, y los asociados se quintuplicaron: pasaron de 97.318 a 537.859. La Ley 1233, que el gobierno impulsó recientemente, no la puede presentar como un avance ante la OIT en el tema de regulación de las cooperativas, puyes ignora las recomendaciones que este organismo internacional ha hecho al respecto. Esto es: no reconoce los derechos de asociación, negociación y huelga en las cooperativas, ni prevé suficientes medidas que impidan que se utilicen para la defraudación de derechos laborales y sindicales.
Obstáculos a la Asociación sindical. En Colombia hay 17´448.346 trabajadores, pero de ellos menos de 3 millones tienen derecho a sindicalizarse, toda vez que este derecho sólo lo pueden ejercer los trabajadores con contrato de trabajo. Por eso hoy apenas 801 mil están sindicalizados; o sea que de cada 100 trabajadores, sólo 4 pertenecen a un en sindicato. En materia de negación de registros, tenemos que entre el 2002 y 2008 el Ministerio de la Protección Social negó el registro de 253 nuevos sindicatos. En este aspecto hubo alguna mejoría, pero no por voluntad del Gobierno sino porque la Corte Constitucional emitió sentencia según la cual el Ministerio no puede negar la inscripción en el registro sindical. Todavía persisten otras graves limitaciones legales al derecho de asociación que no han sido modificadas.
El Estado promueve extinción de sindicatos y permite que empleadores lo hagan. En el periodo 2002 -2008, por efecto de desaparición de sindicatos o disminución de afiliados, el movimiento sindical perdió 121.960 afiliados, pérdida compensada por el aumento de afiliación de algunos sindicatos, en especial en el sector informal, y por la creación de nuevos sindicatos. Con todo, en este periodo el sindicalismo disminuyó en 66.363 afiliados. En el sector público la situación es igual. En los últimos 6 años el Gobierno reestructuró 412 entidades públicas, suprimió más de 38 mil cargos, y en varios casos liquidó entidades con el fin de acabar el sindicato y la convención colectiva, para inmediatamente crear una nueva entidad con las mismas funciones.
Negociación Colectiva, un derecho para pocos. Esto porque la legislación genera diversos obstáculos, tanto en la empresa privada (no se permite la negociación por rama o por sector de la producción sino exclusivamente de base o de empresa), como en el sector público. En Colombia sólo el 1,28% de los trabajadores negocian sus condiciones de trabajo y empleo, cifra bajísima. Lo que significa que el ejercicio real y amplio de las libertades sindicales -factor clave en la construcción de democracia económica y distribución del ingresos- cada vez tiene menos posibilidades de aplicación. Mientras entre 1996 y el 2001 se pactaron en promedio 633 convenios colectivos de trabajo por año, que beneficiaban 180.788 trabajadores, entre 2002 y 2008 el promedio bajó a 503, con beneficio para 108.993 trabajadores por año. En contraste, se han incrementado los pactos colectivos.
La huelga: derecho casi imposible de ejercer. Ante las reiteradas observaciones y recomendaciones de la OIT, el Gobierno de manera inconsulta promovió la Ley 1210 de 2008, que introdujo cambios en la competencia para la declaratoria de ilegalidad de la huelga, y modificó el tribunal de arbitramento, entre otras disposiciones, que sin embargo no garantizan el libre ejercicio de la huelga. Una prueba de estas limitaciones, es que en el 2008 se presentaron 80 acciones de protesta laboral y sindical, y entre ellas apenas dos huelgas, ambas en multinacionales del sector minero: Cerromatoso y Carbones del César. El resto fueron paros y protestas por fuera de los canales institucionales.
Incumplimiento sistemático de las recomendaciones de la OIT. Por muchos años la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la Comisión de Normas, y el Comité de Libertad Sindical de la OIT han hecho múltiples observaciones y recomendaciones al Estado colombiano para que adecue su legislación y la ponga en práctica. Pero eso no ha incidido positivamente en la regulación de las relaciones laborales y sindicales. La responsabilidad recae fundamentalmente sobre el Gobierno, y en menor medida sobre los empresarios, que se niegan a acoger y poner en práctica dichas observaciones y recomendaciones.
Inexistencia del Ministerio del Trabajo y débil inspección. El gobierno del Presidente Uribe suprimió el Ministerio del Trabajo, lo fusionó con el Ministerio de Salud, para dar origen al actual Ministerio de la Protección Social. Y eso creó un vacío administrativo, pues difícilmente puede este Ministerio atender las denuncias y reclamos que diariamente realizan cientos de trabajadores en las oficinas regionales.El Ministerio dispone de apenas 289 inspectores del trabajo, distribuidos en 32 direcciones territoriales, 2 oficinas y 112 sedes, con los cuales debe garantizar la aplicación de los derechos laborales fundamentales en 1.101 municipios, lo que significa la presencia de 0.2 inspectores por municipio, frente a un universo de empresas formales cercanas a las 400.000.
Tanto en épocas de bonanza como en las crisis, los trabajadores son los que pierden. Primero, porque a éstos se les impuso una política que promueve la competitividad sobre la base de reducir costos laborales, pero sin que ello tuviese impacto significativo en el empleo, y de paso se debilitaran los derechos sindicales. Y segundo, porque los trabajadores sufren los despidos y recortes de personal en un contexto de ausencia total de redes de protección social a los desempleados. En los años de auge económico, donde el producto interno bruto del país tuvo un alto crecimiento, del orden del 6.9% (2006) y 7.5% (2007), no hubo avances significativos en generación de empleo. El crecimiento de los ocupados estuvo muy por debajo -0.9% y 1.3% respectivamente. Desde 2003 el empleo ha crecido en promedio 3,5 puntos porcentuales, por debajo del crecimiento del PIB.
Crecimiento de la informalidad. En las 13 áreas metropolitanas del país la generación de empleo se ha localizado en el sector informal de la economía. En el último trimestre de 2008 en estas 13 áreas el 57,7% de la población ocupada era del sector informal, mientras que en el mismo periodo de 2007 fue de 56.9%, implicando un disminución de la formalidad, que pasa de 43.1% a 42.3% respectivamente.
Miles de trabajadores no cuentan con protección social. De cada 100 trabajadores, sólo 30 son cotizantes activos de algún sistema de pensiones, 35 están afiliados al sistema de riesgos profesionales, 31 a un fondo de cesantías, 31 a una caja de compensación familiar y 41 están afiliados al régimen contributivo de salud. Esto significa que cerca de 12 millones de trabajadores no están cubiertos por el sistema de seguridad social.
Los desempleados sin protección social. En 2008, sólo el 3.8% de la población cesante y desempleada del país tenía alguna protección. Recibía un bono equivalente a 1.5 salarios mínimos, ($745.350 pesos, 379,6 dólares), y lo recibía en 6 mensuales iguales ($124.225 pesos). Política que contrasta con las exenciones tributarias que en los últimos años el Gobierno le otorgó a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, recursos con los cuales se hubieran podido dar a los 2´830.000 de desempleadas un subsidio mensual de un salario mínimo durante 6 meses.
Las cifras de trabajo infantil son alarmantes. Según el DANE, en 2007 la tasa real de trabajo infantil fue 14.3%, que en números significa que en Colombia en este año trabajaban 1´628.300 niños y niñas, 841.733 de ellos en oficios del hogar y el resto en otros oficios. El 37,6% no recibía remuneración, el 28,0% recibía hasta la cuarta parte de un salario mínimo, el 28,1% entre la cuarta parte y un salario mínimo, y el 5,8% más de un salario mínimo. El 42.5% de los niños y niñas que trabajan están desescolarizados y el 57.5% combinan la educación con el trabajo.
Inequidad de género. La tasa global de participación de las mujeres en el mercado laboral en 2008 fue de 46.5%, muy inferior a la masculina (71%). El 39% de las mujeres ocupadas están en condiciones de subempleo, es decir, tienen empleos inadecuados, ya sea por tener mayores competencias para desarrollar la labor que desempeñan, porque se ocupan laboralmente menos de 48 horas a la semana, o porque reciben menos ingresos. La tasa de desempleo femenina fue de 15.1%, 6 puntos por encima de la masculina. Analizando el rubro de ingresos en 2007, último año en el que existen datos, las mujeres en promedio ganaban sólo el 74% de lo que ganaban los hombres.
Los jóvenes: contratos precarios y menores ingresos. El desempleo juvenil es del 20.9%, (27.3% en las mujeres), lo cual representa un total de 1.036.800 jóvenes desempleados, es decir, casi la mitad de los desocupados del país, a pesar de que la población joven representa apenas un cuarto de la Población Económicamente Activa. En cuanto a la informalidad, el trabajo por cuenta propia subió un 22,4%, paralelo al descenso del trabajo formal en categoría de empleado particular (-11,2%) y empleado del gobierno (-9,28%).
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