23 enero 2014. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia una nueva amenaza del grupo paramilitar Águilas Negras Guerreros Del Yarí contra la Corporación Caguán Vive, organización integrante el Movice, además de la Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán (Uníos) y funcionarios de la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, incluyendo al alcalde popular Domingo Emilio Pérez.

El 21 de enero de 2014  fue dejado en la oficina de la Corporación Caguán Vive un panfleto firmado por "Águilas Negras de Colombia Guerreros del Yarí", que profiere amenazas de muerte y un ultimátum de 48 horas para abandonar la región en contra de las siguientes personas: Herson Lugo Saldaña, presidente de la Corporación Caguán Vive; Óscar Enrique Prieto, coordinador técnico de proyectos de la misma; Domingo Emilio Pérez Cuellar, alcalde municipal y quien ha hecho parte de esta misma corporación; Ángel Medina, presidente de Uníos; Jorge Fierro, concejal y dirigente de la Asociación Ambiental del Bajo Pato y Losada (Asabpl); Ángel Torres, dirigente de la Asociación Campesina y Ambiental del Losada Guayabero (Ascalg); James Ramos, presidente de la Asociación Ambiental Troncales Guacamayas (Asoatrog); Luz Mery Panche, dirigente de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (Acisc); Alberto Paredes, expresidente de la Asociación de Juntas de San Vicente del Caguán y actual coordinador de asuntos comunitarios de la alcaldía; Yamid Bahamón, dirigente comunal; Raúl Ramírez, jefe de seguridad de la alcaldía; y Flover Parrasi, contador, líder social y excandidato a la alcaldía por la Alianza Social Independiente (ASI).

Como señala Movice en un comunicado, ya en octubre de 2007, en plena actividad electoral, circuló en el departamento un panfleto titulado "La maquinaria oculta de las FARC para la toma del poder", cuya autoría figuraba a nombre de la Corporación Nación Libre, la cual, para ese entonces, tenía un sitio en Internet en el que decía que dicha entidad estaba conformada por desmovilizados del paramilitarismo. En ese documento se acusa a Domingo Pérez, quien ofició durante los años 2008, 2009 y 2010 como presidente de Caguán Vive, de formar parte de la supuesta maquinaria oculta de las FARC para la toma del poder.
El 8 de diciembre de 2008 fue asesinado Joel Pérez Cárdenas, primer presidente de la Corporación Caguán Vive, quien después de ser torturado fue incinerado y abandonado en la vía principal que une al municipio de San Vicente del Caguán con la ciudad de Florencia, hecho que aún no ha sido aclarado por las autoridades. Igualmente, en mayo de 2009, durante la Primera Audiencia Ciudadana por la Verdad, realizada en Florencia, se denunció públicamente la existencia de un informe de inteligencia militar en el cual se acusaba a varios miembros de la Corporación Caguán Vive y líderes sociales y comunitarios de todo el departamento de Caquetá de formar parte de la red de apoyo del Frente Amazónico de las FARC. Dicho informe, se indica en el comunicado del Movice, está fechado el 12 de febrero de 2008 "e identificado con la referencia MD-EJC-CIME-RIME6-53.1, fue enviado por el Director Regional de Inteligencia Militar No. 6, teniente coronel Rafael Eduardo Gutiérrez Hortúa, al comandante de la Brigada Móvil Nº 22 en Peñas Coloradas Caquetá".
Entre los días 21 y 25 de febrero de 2011 circuló en el departamento del Caquetá un panfleto donde presuntos miembros del grupo paramilitar Águila Negras amenazan la integridad de un listado de líderes comunitarios de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del departamento. En dicho documento se menciona a la Corporación Caguán Vive, señalándola de ser fachada de acciones de milicias y miembros del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) vinculados a la guerrilla de las FARC.
Ante estos hechos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige "que la Unidad Nacional de Protección adopte las medidas pertinentes para impedir cualquier agresión contra los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos del departamento del Caquetá, especialmente de las organizaciones amenazadas en el mencionado panfleto y la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive. Que el Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos y la vida de quienes los defienden. Que la comunidad nacional e internacional estén alertas frente a la situación de amenazas que enfrentan los defensores arriba nombrados y que se pronuncien a favor de su protección".