El tribunal Superior de Bogotá reafirmó el acuerdo a que llegó Tabares con la Fiscalía colombiana, a la que brinda información sobre este escándalo, uno de los más sonados en el Gobierno Uribe (2002-2010).

Según publicó hoy la página electrónica del diario El Tiempo, Tabares reconoció su responsabilidad en seguimientos y escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende de la Presidencia de la República.

De acuerdo con Tabares, la central de inteligencia realizó seguimientos por fuera de la ley y cuyo fin era desprestigiar a magistrados y dirigentes de la oposición.

El condenado ha señalado que las órdenes las recibió de su entonces jefa, la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien recibió asilo en Panamá en noviembre pasado. Hurtado dirigió el DAS desde agosto de 2007 hasta octubre de 2008.

Tabares es el segundo condenado por estos casos. El primero fue el ex jefe de contrainteligencia, Jorge Alberto Lagos, quien aceptó que "dirigió, coordinó y tuvo conocimiento de las actividades ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los ahora ex senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro".

Inicialmente la condena de Lagos era por 12 años, pero tras el acuerdo terminará cumpliendo ocho años de prisión porque ha colaborado con información y servirá de testigo contra otros implicados.

La condena contra Tabares se conoce el mismo día en que el ex subdirector de la sección Fuentes Humanas del DAS, William Romero, acusó al ex presidente Uribe de ser el principal destinatario de las interceptaciones ilegales.

Romero, actualmente detenido, dijo a emisoras de radio que recibió órdenes de Hurtado para hacer seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

"La información llega a un destinatario, en este caso, era el alto Gobierno, en este caso era para el señor ex presidente Álvaro Uribe (...), de acuerdo con información que nos da la doctora María del Pilar Hurtado", señaló Romero.

Ese espionaje ilegal derivó en un escándalo por el que la Procuraduría colombiana destituyó e inhabilitó por 18 años al ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.