La querella fue apoyada también por el director del periódico semanario Voz, Carlos Lozano, y la periodista Claudia Julieta Duque, que afirmaron que "todas las pruebas apuntan a que Álvaro Uribe es el autor de las torturas verbales y las persecuciones de las que fuimos víctimas".

Los denunciantes pidieron al comité que empleen como pruebas contra Uribe un total de 93 archivos decomisados por la Fiscalía General en un registro a la sede central del DAS en Bogotá, así como la "totalidad del acervo probatorio" de los procesos penales y disciplinarios que han sido abiertos en contra del ex presidente.

De la misma forma, solicitaron por medio de un comunicado que se obtenga "una copia auténtica de los discursos del ex presidente Uribe en contra de ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas y la Corte Suprema de Justicia".

"Así lo demuestran la coherencia entre los discursos presidenciales que atacaban a quienes al mismo tiempo estaban siendo víctimas de seguimientos ilegales, interceptaciones electrónicas y telefónicas sin orden judicial, amenazas, montajes y campañas de desprestigio, así como labores de inteligencia y contrainteligencia por parte del DAS", recita el texto.

Por su parte, el abogado acusador, Rafael Barrios, perteneciente al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afirmó que por tratarse de un hecho ajeno a las funciones de Jefe de Estado, hará lo posible porque la acusación se traslade directamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además de Córdoba, entre los denunciantes también figuran el ex senador Gustavo Petro, el representante Iván Cepeda, el ex magistrado Jaime Araujo Rentería, el periodista Hollman Morris, su hermano Juan Pablo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Comité de Presos Políticos.

La denuncia se suma a una indagación a Uribe que ese comité del Congreso asumió el pasado 12 de octubre, en la que se busca establecer la relación del ex presidente con la campaña ilegal montada por el DAS, que se extendió durante gran parte de los dos Gobiernos de Uribe (2002-2010).

El escándalo comenzó en febrero de 2009, cuando se conoció que el DAS, que depende directamente de la Presidencia, hizo seguimientos e interceptó los teléfonos de miembros de la CSJ, de dirigentes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Varios ex funcionarios del DAS están presos y la Fiscalía investiga a los ex directores del organismo Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado, quienes ocuparon el cargo durante la administración Uribe.

Aunque Hurtado recibió asilo en Panamá, y la medida generó una gran polémica, el ex presidente expresó que está de acuerdo con que "ex colaboradores suyos que son investigados busquen asilo para no enfrentar a la justicia de su país".