Izquierda Unida considera que la investigación llevada a cabo por el procurador general colombiano desde hace mese ha venido utilizándose políticamente para desprestigiar a la senadora Córdoba y a su destacado trabajo en defensa de la paz en Colombia y de la negociación política como forma de finalizar el conflicto armado interno que desde hace 50 años asola a ese país.

Las únicas pruebas esgrimidas por el procurador para acordar dicha inhabilitación son las procedentes de los ya claramente desprestigiados 'ordenadores de Raúl Reyes', supuestamente incautados en una operación militar ilícita realizada en territorio de un tercer Estado, sin intervención de autoridad judicial alguna, sin respeto de la cadena de custodia y sin que a fecha de hoy se sepa cuál fue el paradero de esos ordenadores desde su supuesta incautación hasta que cuatro días después aparecieron en poder de las autoridades colombianas.

La senadora Piedad Córdoba se ha destacado dentro y fuera de Colombia no sólo por la defensa de los colectivos más desfavorecidos y excluidos como son los campesinos, los afrocolombianos, las mujeres, los colectivos LGTB, etc. sino por haber sido, además, la voz que más clara y contundentemente ha denunciado la complicidad entre las organizaciones paramilitares y la clase política -la denominada "parapolítica"-, además de haber mediado con la insurgencia en numerosas ocasiones consiguiendo la liberación de muchas personas en poder de organizaciones insurgentes, mediación siempre realizada a petición del propio Estado colombiano o de los familiares de quienes se encontraban en poder de la insurgencia.

La decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación responde, sin duda alguna, a un intento de provocar la "muerte civil y política" de una de las representantes con mayor prestigio y proyección dentro y fuera de Colombia, la mujer sin duda mejor situada para ocupar en el futuro la Presidencia de ese país hermano.

Esta actuación en contra de lo razonable es una muestra más de la persecución política que se viene realizando contra la senadora en los últimos años, persecución que ha significado grandes daños a su integridad personal y familiar, como su secuestro por grupos paramilitares, posterior exilio con su familia, atentados contra su vida, las operaciones ilegales de interceptación de comunicaciones y seguimiento de público conocimiento, etc. Actuaciones ilegales y criminales frente a las cuales el Estado colombiano no ha procedido a llevar a ningún responsable ante los tribunales.

Por todo ello, Izquierda Unida solicita la inmediata anulación de la resolución de la Procuraduría General de Colombia que ha determinado la destitución como senadora de Piedad Córdoba y su inhabilitación por 18 años.