Voceros de organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron ante la Corte Constitucional que el acuerdo permitiría entre otros, el reabastecimiento de aeronaves y el tránsito de tropas extranjeras en Colombia.

Según Lilia Solano, directora de Justicia y Vida, la ponencia negativa del proyecto de fallo de constitucionalidad del magistrado Jorge Iván Palacio corresponde a la realidad ya que no es una simple extensión de un acuerdo de 1974, sino un verdadero tratado que debió cursar en el Congreso de la República.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano considera que es una extensión de un acuerdo bilateral militar vigente desde hace mas 36 años el cual permite a soldados y asesores estadounidenses acceder y utilizaral menos siete bases militares colombianas en la lucha contra eltráfico de drogas.

La Corte Constitucional tendrá hasta el 17 de agosto para definir sien realidad se relaciona con un nuevo tratado que tendrá que cursar en el Congreso, o si en efecto, es la ampliación de un acuerdo establecido con los estados Unidos para la lucha contra ladelincuencia organizada.

A su turno, el Ministerio de Defensa sostuvo que el documento permite el uso de las guarniciones de Malambo, Atlántico; Palanquero,en el Magdalena Medio; Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico; y ahora, el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá.

Finalmente, Alirio Uribe, director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sostuvo que la Corte Constitucional deberá declarar ilegítimo este acuerdo ya que la presencia militar de EE.UU. será la oportunidad para realizar operaciones de amplio espectro en toda Suramérica.